Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), otro de los efectos colaterales de la actual pandemia por COVID-19 es el alarmante incremento en la circulación de productos sanitarios falsificados o de baja calidad.

La infección por coronavirus, además, ha dejado en evidencia deficiencias normativas y jurídicas en diversos países. Algo que ha sido aprovechado por organizaciones criminales transnacionales para generar un verdadero riesgo en la salud pública.

En Latinoamérica, no han quedado exentos elementos de protección del personal sanitario, medicamentos de eficacia no probada, tests de detección de anticuerpos contra SARS-CoV-2 y hasta se ha encontrado alcohol en gel adulterado con metanol.

Según un reciente documento de Naciones Unidas, lo relatado podría ocurrir lamentablemente con una futura vacuna.

Barbijos N95 falsificados en México

Uno de los elementos centrales del equipo de protección personal sin dudas es el barbijo. Particularmente los N95, muy demandados en los ámbitos sanitarios debido al nivel de seguridad que confieren. La filial mexicana de 3M, principal fabricante de ese producto, manifestó haber recibido múltiples denuncias desde el comienzo de la pandemia. Ciertas personas invocaban su nombre pretendiendo vender productos de manera fraudulenta. Por lo que ya en abril, a través de un comunicado, se dejó en claro que la empresa no comercializa ninguno de sus elementos en sitios web ni en redes sociales.

Según 3M, los barbijos N95 cuentan con estrictos controles de calidad. Por lo que aquellos con partes faltantes, o alguna otra anomalía visible, probablemente no sean auténticos. Se decidió crear un sitio web y una línea telefónica para reportar fraudes o productos falsificados. Ya recibieron 823 denuncias desde México. “3M no tolera ni tolerará el aumento de precios, el fraude, el engaño u otras actividades que, ilegalmente, quieran aprovecharse de la demanda de productos críticos durante esta pandemia. De igual forma, seguirá identificando y dando seguimiento con las autoridades competentes para llevar hasta las últimas instancias a las denuncias correspondientes“, aseguraron.

También estafas con barbijos quirúrgicos en Argentina

En Argentina se detectó la falsificación de barbijos quirúrgicos. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), principal entidad regulatoria de ese país, recibió denuncias desde ámbitos hospitalarios. Luego de que el personal hubiera notado diferencias con barbijos originales. En algunos casos, se trataban de cuestiones inherentes a la manufactura: tales como falta de termosellado, ausencia de ajuste nasal o confección con telas de inferior calidad. También llamaron la atención diferencias en el empaquetado o la ausencia de código de barras.

Al no poder garantizarse calidad, seguridad y eficacia, dichos productos falsificados fueron sacados de circulación por ANMAT. Una de las partidas detectadas había llegado a un hospital de la provincia de Buenos Aires a través de la donación anónima de un particular.

Alarma por pruebas para COVID-19 y aparatología clonada

La OMS ha recibido notificaciones acerca de falsificaciones de pruebas destinadas a detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2. En Ecuador, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) retiró del mercado algunos kits serológicos. No estaban debidamente registrados y no habían sido evaluados adecuadamente para determinar si cumplían con estándares de calidad.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) estableció un protocolo de evaluación en manera conjunta con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Dicha comisión federal ha aprobado pruebas serológicas, que han demostrado ser específicas y sensibles, para su comercialización en el país. Estas integran un listado disponible para los usuarios.

Lamentablemente, no son los únicos elementos diagnósticos de procedencia dudosa detectados.También en México, se incautaron termómetros infrarrojos, oxímetros de pulso y hasta placas radiográficas apócrifas. La demanda de estos elementos se ha incrementado notoriamente durante la pandemia y en algunos casos no ha podido ser suplida de manera adecuada por fabricantes autorizados.

Fraudes con tocilizumab y otros medicamentos sin eficacia para COVID-19

Por el momento no existe un medicamento preventivo o tratamiento efectivo para la infección por SARS-CoV-2. A pesar de ello circulan desde hace algunos meses copias de fármacos que no tienen eficacia probada. Es el caso de la ya célebre hidroxicloroquina, un medicamento que ha fracasado a la hora de demostrar eficacia y cuyo uso en esta infección se ha asociado a reacciones adversas graves. A partir de la denuncia de una empresa farmacéutica, el COFEPRIS detectó en una partida diferencias en el empaque con respecto al original y ausencia del principio activo. En la tableta solo se identificó celulosa microcristalina.

Algo similar ocurrió con el tocilizumab, un medicamento empleado en patologías reumatológicas y con escasa evidencia “anecdótica” en COVID-19. En algunos estudios clínicos realizados no ha demostrado eficacia para el tratamiento de la neumonía severa asociada a esta infección. Aun así, se incautaron en México lotes de frascos con solución inyectable que presentaban diferencias notorias en el empaque. En otros, el volumen del líquido contenido en el vial difería con respecto al original. Tenían además cambios en el color de la solución y presencia de sólidos con apariencia de crecimiento microbiano.

¿Y si sucede lo mismo con una nueva vacuna para SARS-CoV-2?

La presión generada por la COVID-19 en los sistemas de salud de diversos países ha sido notoria. El abastecimiento con productos sanitarios es prioridad para los tomadores de decisión. La mayor demanda, y las limitaciones en la producción de estos insumos, sin dudas ha despertado un gran interés en organizaciones criminales. Veloces y camaleónicas, fácilmente pueden pasar de adulterar alcohol en gel a falsificar una vacuna contra SARS-CoV-2.

Para la OMS, es necesario optimizar procesos regulatorios, combatir la corrupción y fomentar denuncias por parte de los usuarios. Son acciones vitales para combatir estos crímenes. También apuesta a que se entienda que estos hechos van más allá de un simple fraude o contravención administrativa. Configuran verdaderos riesgos para la salud de las personas, y deben ser tratados como tal por autoridades legislativas y judiciales.