La obligatoriedad de la aplicación de las vacunas del calendario oficial en niños y adultos residentes en todo el territorio nacional es la principal premisa que sirve de bandera a un nuevo proyecto de Ley que será discutido el próximo martes 28 de agosto en las comisiones del Congreso argentino. Este documento legal pretende garantizar el control de enfermedades prevenibles, en la búsqueda de una cobertura cada vez mayor de la inmunización, que incluso pudiera alcanzar el 95%.

La normativa actual que rige la vacunación en el país es la Ley 22.909 que, si bien ha sufrido modificaciones, fue elaborada en 1983. El proyecto que será introducido en el Congreso se encuentra impulsado por el diputado de Tucumán  Pablo Yedlin, de Argentina Federal, y concibe a la vacunación como una temática de interés y seguridad nacional.

De acuerdo con lo declarado por Yedlin al diario La Nación, “en el país, las coberturas de vacunación son buenas, pero no mejoraron con los años. Y si bien una porción de este estancamiento puede tener que ver con los movimientos antivacunas, éstos son más populares en Europa, por lo tanto, nuestro principal desafío es solucionar problemas de logística y de acceso” Además, a su juicio, al aumentar los niveles de inmunidad “también se protege a los que no se pueden vacunar  por problemas de salud que se lo impidan o cuestiones logísticas, ya que se produce el llamado ‘efecto rebaño’ en el que los que no fueron inoculados no están expuestos”.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad de Medicina, la Organización Panamericana de la Salud, Unicef y la Fundación Huésped. Según se precisa, el documento se enfoca en la prevención y el control epidemiológico, abarcando un marco de acción dirigido a promover y respetar la investigación y vigilancia científica, como también a plantear una normativa actualizada que rija los modos de producción, adquisición, distribución, seguridad y provisión de vacunas. Las medidas de comunicación y promoción para informar a los ciudadanos, también es prioridad de la normativa.

Yedin, quien es pediatra, miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y vicepresidente de la Comisión de Salud, se muestra optimista por las posibilidades de este proyecto. En La Nación declaró: “va a tener dictamen, porque trabajamos con representantes del Frente para la Victoria, de Cambiemos, del PRO, del radicalismo. También con el ministro Adolfo Rubinstein, y con toda el área técnica del ministerio. Hay acuerdo general”.

De igual modo, el especialista, que también es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), recordó que “en la ley vigente ya estaba contemplada la obligatoriedad, pero antes la vacunación era vista como un tema de los chicos. Por eso, solo se exigía el certificado que verificara haberlas recibido al momento de ingreso al ciclo lectivo. Ahora, se agrega la exigencia del cumplimiento con el Calendario Nacional de Vacunación al momento de realizar exámenes médicos laborales o para la renovación del DNI o pasaporte”.

Con el nuevo proyecto de Ley, se sostienen los principios de gratuidad, disponibilidad y acceso equitativo de las vacunas en la sociedad. Para llevar un control de la aplicación, se propone incorporar la figura del Carnet Unificado de Vacunación (CUV), que sería otorgado por el Ministerio de Salud de la Nación, y que sería solicitado tanto para el ingreso a centros educativos como a instituciones laborales, y buena parte de los trámites estatales.

Entre otras normativas propuestas en el documento, busca garantizar que la constancia de vacunación del trabajador o de sus hijos pueda ser validada como justificación de insistencia laboral.

En términos del Estado, la Ley también concibe la creación de un sistema online de  Registros de la Población Vacunada Digital, que sería llenado a diario en todas las jornadas, y un Registro Nacional de Vacunaciones Eventuales, dirigido al control de las campañas masivas.

En lo económico, se plantea trabajar en la exención de impuestos a las vacunas adquiridas por el Estado e importadas, para evitar que su costo siga repercutiendo, como ahora, en 40% del precio final. Además, se solicita la creación de presupuesto intangible que garantice no solo la compra de insumos biológicos, sino también la de implementos necesarios como jeringas, agujas y descartadores.

Con esta legislación en acción, el país se adheriría también a la Semana de Vacunación de las Américas, y establecería el Día Nacional del Vacunador/a, que proponen que sea el 26 de agosto, para ayudar a promover esta práctica.

La discusión del martes pretende lograr que el proyecto obtenga los dictámenes de las comisiones obtener dictámenes de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Solo después de eso, podrá pasar a diputados y senadores.

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, sostiene que la inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles mediante vacunación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la paroditis, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la rubéola y el tétanos.

A nivel mundial, durante el último año la tasa mundial de cobertura de la vacunación estancó en un 86%.

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